Orellana ha estafado al Estado por más de S/.56 millones, pues estas
cartas serían falsificadas
El abogado y empresario Rodolfo Orellana Rengifo ha sido capturado hoy en la ciudad colombiana de Cali, y su detención ha remecido la política nacional. De él se dice que es el cabecilla de una red de estafa y lavado de activos que logró amasar unos US$ 100 millones. ¿Pero quién es realmente
Orellana y por qué se dice esto de él?
La primera denuncia que apareció contra este empresario en la prensa se
remonta a junio del 2005. La hizo el Colegio de Abogados de Lima (CAL). En ese
entonces, este gremio dio a conocer que le habían retirado la confianza a
Orellana por sus malos manejos presupuestales, por haber tomado decisiones
unilaterales y por una serie de inconductas cuando estaba al frente de la
Dirección de Economía del CAL. Él, por supuesto, se declaró inocente de los
cargos.
Paralelamente, en el Ministerio Público ya le seguían el rastro,
pues existía la sospecha de que comandaba una organización dedicada al tráfico
de terrenos y al lavado de activos.
Pero eso fue solo el preludio de una serie de denuncias que luego
presentarían personas perjudicadas por este empresario de 50 años, nacido en
Tocache.
Una de ellas es Giovanni Paredes, quien logró, luego de una
interminable batalla judicial contra los allegados a Orellana, recuperar su
propiedad: el camal de Yerbateros.
Paredes sindicó a este empresario, en televisión nacional, como el jefe de
una mafia dedicada al tráfico de terrenos. “Rodolfo Orellana Rengifo es un
gánster jurídico que, a través de laudos arbitrales, despoja a terceros de sus
legítimas propiedades”, afirmó Paredes en setiembre de 2011.
¿Y CÓMO LO HACE?
Según contó el mismo Paredes a El Comercio, Orellana utiliza tres
modalidades para llevar a cabo sus operaciones. La primera de ellas: el laudo arbitral para despojar a los privados de sus
propiedades. “Orellana se aprovecha de que existe un vacío legal
en la ley de arbitraje para crear un falso proceso arbitral que termina en un
laudo declarado como cosa juzgada. El verdadero propietario recién se entera de
esta operación cuando ya está inscrita en Registros Públicos y lo están por
desalojar”, señala.
Para realizar este tipo de operaciones, Orellana contaba con el apoyo de un
equipo de notarios, jueces, policías e incluso funcionarios municipales. Bajo
este mecanismo, cerca de 100 personas y asociaciones se han visto despojadas de
sus bienes.
La segunda modalidad que empleó Orellana fue la creación de
liquidadoras que levantaban las hipotecas de los bancos. “Ellos se aprovechan
de un vacío en la ley concursal y simulan una deuda con el propietario de un
bien que le está adeudando al banco. Esto se da a través de un testaferro de
Orellana. Ellos utilizan empresas liquidadoras para fabricar una deuda y
ejecutar la liquidación. Al final, este proceso termina en un remate, y así los
embargos, hipotecas y todas las deudas con la entidad financiera se cancelan.
Cuando el banco se entera de lo que hicieron, ya es demasiado tarde”, sostiene.
El tercer artilugio era la emisión de las cartas-fianza de Coopex. Esta
cooperativa las elabora para que sean presentadas por empresas constructoras a
los respectivos organismos del Estado con el fin de demostrar su solvencia en
un proceso de licitación. Una vez concretado el contrato, estas compañías piden
un adelanto por la obra, pero después no cumplen con la obra y sencillamente desaparecen.
La fiscalía ha denunciado que, a través de Coopex, Orellana ha estafado al
Estado por más de S/.56 millones, pues estas cartas serían falsificadas.
Para tener éxito, Coopex tuvo entre sus socios a ex jueces, figuras políticas,
personajes vinculados tanto al narcotráfico como al tráfico de terrenos.
‘DETECTIVISMO’
Si hablamos del engranaje con el que funcionaba esta red delictiva, no
se puede dejar de mencionar a su operador de choque: el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez, quien fue abogado de
Orellana y hoy está preso en Piedras Gordas.
Jiménez y su patrocinado fundaron en junio del 2008 la empresa
Investigaciones Corporativas S.A.C. En ella también participó el coronel (r)
Óscar Cánepa Ruiz, quien, según informó la revista “Caretas”, fue destituido de
su institución por cambiar 45 kilos de cocaína por sal en un almacén de la
división antidrogas que tenía la policía en Ayacucho. Según la ficha de
inscripción, esta firma capta todo tipo de información usando métodos como el
‘detectivismo’.
El congresista García Belaunde sostiene que esta empresa es usada como
fachada para realizar acciones de espionaje. Un informe de la Procuraduría
Anticorrupción señala que Orellana habría suministrado a la corrupción que
lideró César Álvarez en Áncash información obtenida
mediante interceptación telefónica.
RED DE IMPUNIDAD
Durante años, Rodolfo Orellana consiguió operar de esta manera. Consiguió
armar una red de fiscales y jueces gracias a que, entre otras
cosas, Asociación de Jueces Unidos por la Democracia, ONG creada por él, firmó con el Poder Judicial una red para capacitar
magistrados.
Además, Orellana creó la revista "Juez justo", mediante la cual difamaba
a los fiscales, jueces y procuradores que lo investigaban y exaltaban a quienes
lo encubrían.
LAVADO DE ACTIVOS
Los millones que Rodolfo Orellana y sus cómplices obtuvieron en todos
estos años, de acuerdo a la fiscalía, han sido lavados a través de una serie de
empresas. Hoy se conoce que sus allegados viajaron a paraísos fiscales, que el hijo
adoptivo de Orellana, Churchill Orellana, lavó dinero a través de 9 empresas, y que
incluso Benedicto Jiménez y sus hijos participaron de estas actividades.
